La herencia de la Ley 30 de 1992
Existen varios elementos en la Ley 30 de 1992 que han influido en el desfinanciamiento de las universidades estatales, además de disposiciones posteriores que agravaron el problema.
El primero de ellos es el artículo 86 de la Ley 30, donde se conceden valores constantes para el incremento de la financiación, un modelo que se ajustaba a la educación superior de esa época en el país, pero que no refleja el crecimiento y la situación actual. En consecuencia, las universidades estatales reciben un incremento en pesos constantes, que se actualiza solo para conservar el valor del dinero según el costo de vida o la inflación, sin tener en cuenta los costos que se derivan del crecimiento y de la evolución de estas instituciones.
Sumado a esto, el desembolso del incremento se desplaza en el tiempo porque los aportes son girados sin el ajuste correspondiente al Índice de Precios al Consumidor, IPC, y el ajuste por inflación es adicionado en la vigencia siguiente, cuando el recurso ha perdido capacidad adquisitiva.
También, los desembolsos obedecen a un programa anual de caja que divide las transferencias en doceavas, y el valor de los recursos girados en octubre o en diciembre, no es el mismo que en los primeros meses del año.
Además, en la Ley 30 las universidades estatales fueron definidas como entes autónomos con personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, con patrimonio independiente y con la facultad de administrar su presupuesto según sus frentes misionales. La Constitución de 1991, en su artículo 69, ya había conferido cierta autonomía a las universidades estatales, una autonomía en este caso orientada a las funciones enmarcadas en investigación, docencia y extensión. Sin embargo, con la definición de autonomía en la Ley 30, la Nación dejó de financiar los costos de funcionamiento de las universidades públicas, trasladando a éstas toda la responsabilidad de garantizar educación superior de calidad, pues los recursos que aporta el Estado hoy son considerados sólo un aporte de ley.
Las universidades estatales han tratado de superar esta crisis, intentando mantener un nivel financiero que soporte su funcionamiento académico y administrativo. Para alcanzar unos niveles deseados de calidad, han aportado 7,5 billones de pesos con la generación de recursos propios, pero no ha sido suficiente porque la deficiencia alcanza más de los 18,7 billones de pesos. Se necesitan entonces más de 11,3 billones de pesos para cubrir esta carencia, que representan 1,3 billones anuales en gastos de funcionamiento, y 9,8 billones para infraestructura y formación docente.
Con la ampliación de cupos y la creación de nuevos programas de pregrado y posgrado, las universidades estatales han logrado un aumento significativo de cobertura que impuso varios desafíos, entre ellos: contar con docentes altamente cualificados, la consolidación de grupos y redes de investigación, el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, estrategias de bienestar universitario, la ampliación y mejoramiento de la planta física, y cumplir con las exigencias de equidad ofreciendo programas en regiones apartadas.
Consolidado de las universidades estatales. Informe del Sistema Universitario Estatal, SUE, diciembre de 2012
Programas de pregrado |
1993 |
2011 |
Incremento |
159.218 estudiantes matriculados |
529.487 estudiantes matriculados |
232.55% |
Programas de posgrado |
2003 |
2011 |
Incremento |
19.652 estudiantes matriculados |
34.664 estudiantes matriculados |
76.39% |
Profesores con título de doctorado |
835 profesores |
2.544 profesores |
204.67% |
Programas ofrecidos (pregrado y posgrado) |
2003 |
2011 |
2010 programas |
2548 programas |
Metros cuadrados construidos |
2003 |
2011 |
2.178.000 |
2.801.911 |
Para responder a las demandas de la sociedad del conocimiento, las universidades estatales han tenido que endeudarse en la búsqueda de mantenimiento, dotación y equipamiento necesario que garantice el fortalecimiento de la misión investigativa y de la formación de alto nivel en maestría y doctorado. Constituyéndose el tema de la infraestructura en el segundo aspecto de mayor impacto, que se hace evidente en el estado de algunos campus universitarios y en la urgencia de su intervención.
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Con todo lo anterior, las universidades han tenido también que proporcionar a sus docentes alternativas de cualificación, lo que ha generado un incremento progresivo en los gastos de personal, por el aumento en los puntos salariales, al igual que el crecimiento en los gastos de contratación de profesores ocasionales para reemplazar los docentes en comisión de estudio.
Pese a que son los profesores actores claves en el proceso de formación superior de miles de jóvenes en Colombia, el sistema salarial y prestacional no los beneficia adecuadamente, lo que representa una fuga de conocimiento de las instituciones públicas hacia las universidades privadas.
Si el problema de la financiación en las universidades estatales no es resuelto adecuadamente, se corre el riesgo de que esto afecte no solo la sostenibilidad académica y administrativa de éstas, sino también el acceso a la educación superior a jóvenes de bajos recursos, la calidad de los procesos de formación, investigación y extensión, y podría llegar a comprometerse también la naturaleza misional de las universidades estatales en el país.
Un nuevo modelo de financiación
El gran reto que tiene el próximo presidente en este tema tiene que ver con la necesidad de buscar un nuevo modelo de financiamiento que garantice la sostenibilidad de la educación superior en términos de calidad y de equidad social; con el antecedente de varias oportunidades fallidas en el proceso de reforma a la Ley 30 de 1992, donde docentes y estudiantes se movilizaron para presentar su visión de lo que debe ser la educación superior en el país.
El Sistema Universitario Estatal, SUE, se ha pronunciado varias veces a través de comunicados y de un estudio donde demuestra la realidad de la crisis en el sistema de financiación de las universidades estatales, un desfinanciamiento que alcanza más de los 18.7 billones de pesos. En este sentido, la recomendación para el próximo gobierno sería adicionar al presupuesto nacional, para la vigencia del 2015, un billón de pesos que permitiría, en una forma pronta y oportuna, desatrasarse poco a poco de la desfinanciación a la que se ha llegado.
En este nuevo modelo de financiación, el Gobierno debe considerar aspectos como la calidad, la cobertura, los asuntos de bienestar universitario, la regionalización, el desarrollo científico y tecnológico, los nuevos modelos educativos de uso de las nuevas tecnologías, y la formación y el ajuste salarial para los docentes.
Colombia debería tomar como ejemplo las experiencias de otros países que realizaron inversiones significativas en educación superior. Tener en cuenta el mínimo requerido por la Unesco para inversión en educación, que es el 1 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB. En la actualidad esta inversión no llega al 0.5 por ciento, pues la prioridad del gasto público ha sido por mucho tiempo la defensa, la guerra, el gasto militar, el pago de la deuda, quedando relegadas la educación y la salud.
Para cubrir el déficit de 5,6 billones de pesos en infraestructura, se plantea que las necesidades sean atendidas gradualmente, por medio de proyectos de construcción concertados entre el Ministerio de Educación Nacional y el SUE, para atender normas de sismo resistencia, accesibilidad, obras de crecimiento y desarrollo de las instituciones, producto de su ampliación de cobertura.
En el informe que presentó el SUE en diciembre del 2012, se sugiere también que los ministerios de Educación y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones asuman los costos de acceso y de conectividad a las TIC, cuando se trate de recursos requeridos como apoyo estratégico a las tareas misionales de docencia, investigación y extensión de las universidades estatales.
La actualización o renovación del sistema salarial y prestacional, es un tema crucial, éste debe definir unas bondades y estímulos a los docentes, para permitir el mejoramiento y aseguramiento de la calidad académica, pero también la motivación y respeto por su labor. Una renovación que regule el crecimiento de los salarios con base en el presupuesto que los financia.
 Rubén Alberto Agudelo García, vicerrector Administrativo de la Universidad de Antioquia, habló de las necesidades de tener una nueva política de educación superior en Colombia, con el fin de garantizar la calidad de manera más integral. Agudelo participó en la construcción del informe sobre la crisis de financiación de las universidades estatales que presentó el SUE, en diciembre del 2012. |
